.png)
La idea de una “AFP estatal” solamente encubre el drama y nada soluciona.
En efecto,
el proyecto legal del Gobierno para crear una AFP del “Estado”, presentado el
17 de junio de 2014 en la Cámara de Diputados (número 186-363), ya en su Mensaje
o Exposición de Motivos confiesa que su idea matriz es incrustar un nuevo actor
al sistema, pero reconociendo -y afianzando- el régimen de mercadeo,
aprovechamiento y apropiación del trabajo asalariado por parte del gran empresariado.
No implica
que el Estado vaya a aportar algo, ni siquiera un peso, a las jubilaciones.
No
significa un alivio para los bolsillos de los trabajadores, según debió
reconocerlo en esos mismos días –con otras palabras- la propia ministra del Trabajo de ese
período, Javiera Blanco.
El entonces
vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lautaro Carmona, le adulaba,
señalando que tal regulación entregaría “mayor competitividad al mercado”.
El proyecto textualmente expresa buscar: “…introducir una mayor
competencia en el mercado, no sólo en los procesos de licitación de carteras de
nuevos afiliados (que han mostrado una disminución sustantiva del nivel de la
comisión que se cobra a los cotizantes), sino también en lo que respecta al
resto de los afiliados, que presentan un comportamiento caracterizado por una
baja movilidad entre las AFPs…”. (Mensaje Presidencial 186-362,
Consideraciones, pág. 4).
En esencia, la iniciativa gubernamental se somete –validando y
afianzando- a la misma regulación neoconservadora creada por la dictadura: “La
‘A.F.P. del Estado S.A.’ tendrá por objeto aquel señalado expresamente en el
artículo 23° del decreto ley 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que establece la administración de los Fondos de Pensiones y
el otorgamiento y administración de las prestaciones y beneficios establecidos
en dicho decreto ley” (artículo 4).
El citado proyecto continúa en la Cámara de Diputados.
