jueves, 21 de julio de 2016

No más AFPs ni privadas ni estatal. Domingo 24 de julio.

































La idea de una “AFP estatal” solamente encubre el drama y nada soluciona.
En efecto, el proyecto legal del Gobierno para crear una AFP del “Estado”, presentado el 17 de junio de 2014 en la Cámara de Diputados (número 186-363), ya en su Mensaje o Exposición de Motivos confiesa que su idea matriz es incrustar un nuevo actor al sistema, pero reconociendo -y afianzando- el régimen de mercadeo, aprovechamiento y apropiación del trabajo asalariado por parte del gran empresariado.
No implica que el Estado vaya a aportar algo, ni siquiera un peso, a las jubilaciones.
No significa un alivio para los bolsillos de los trabajadores, según debió reconocerlo en esos mismos días –con otras palabras-  la propia ministra del Trabajo de ese período, Javiera Blanco.
El entonces vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lautaro Carmona, le adulaba, señalando que tal regulación entregaría “mayor competitividad al mercado”.
El proyecto textualmente expresa buscar: “…introducir una mayor competencia en el mercado, no sólo en los procesos de licitación de carteras de nuevos afiliados (que han mostrado una disminución sustantiva del nivel de la comisión que se cobra a los cotizantes), sino también en lo que respecta al resto de los afiliados, que presentan un comportamiento caracterizado por una baja movilidad entre las AFPs…”. (Mensaje Presidencial 186-362, Consideraciones, pág. 4). 
En esencia, la iniciativa gubernamental se somete –validando y afianzando- a la misma regulación neoconservadora creada por la dictadura: “La ‘A.F.P. del Estado S.A.’ tendrá por objeto aquel señalado expresamente en el artículo 23° del decreto ley 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece la administración de los Fondos de Pensiones y el otorgamiento y administración de las prestaciones y beneficios establecidos en dicho decreto ley” (artículo 4).
El citado proyecto continúa en la Cámara de Diputados.

viernes, 1 de julio de 2016

Ingreso Mínimo Mensual desde 1 de julio de 2016. Monto y datos.
















El pasado jueves 23 de junio, el Congreso (incluyendo a toda la bancada oficialista), aprobó el requerimiento del Gobierno que atañe al monto del Ingreso Mínimo Mensual.

La fijación del monto de dicho Ingreso Mínimo (que debería concretar una política estatal redistributiva, para combatir la desigualdad) no sólo implica a los trabajadores que lo perciben (como “sueldo base”), sino a todos.

Significa un parámetro, guía o piso que incide en la valoración de la fuerza de trabajo de todos.

A establecerse un reajuste insignificante, que para los próximos 6 meses será de 7.500 pesos, a los cuales debe descontarse –aproximadamente- el 20% por concepto de cotizaciones legales obligatorias, quedan servidas las patronales para que –invocándolo- “concedan”, a sueldos mayores –incluso en negociaciones colectivas- aumentos del mismo tipo.

Y es que envuelve una señal gubernamental para el empresariado, en orden a que pueden dar o entregar poco o nada. Un espaldarazo para acentuar la explotación.

Esto, a la vez que esas mismas patronales logran ganancias enormes, incluso en estos tiempos de alegada “crisis”.

Según lo aprobado por Gobierno y Nueva Mayoría, desde el 1 de enero de 2017 el monto del citado Ingreso será de 264.000 pesos; desde el 1 de julio de 2017, de 270.000 pesos; y, a contar del 1 de enero de 2018, de 276.000 pesos. Es decir, en el lapso de año y medio, aumentará en 26.000 pesos, deduciéndose de tal cifra cerca de 6.000 pesos por cotizaciones obligatorias, y sin considerar el aumento, en ese lapso, del IPC.

Reajuste “escalonado”. Con ello, encadenando su aumento y otorgando plena tranquilidad al Gobierno.
Chile aparece como el país más rico de América Latina, pero sus administradores continúan afianzando el régimen económico-laboral más abusivo y desigual. Y es que con tales miserables reajustes y en comparación con los suculentos y periódicos aumentos de las remuneraciones más altas -públicas y privadas- la desigualdad se acentúa.

Reajuste miserable para la gente trabajadora más modesta. Y además, graduado, esto es, encadenado; política de fijaciones futuras que no considera el aumento real del costo de la vida; política iniciada en julio del año 2014 mediante el primer “acuerdo” de largo plazo que la cúpula de la CUT (Bárbara Figueroa, Arturo Martínez y Nolberto Díaz) suscribió e instaló.
Sobre el Ingreso Mínimo Mensual y nuestro muy vigente derecho a remuneraciones equitativas y satisfactorias, puede verse: Sobre el ingreso Mínimo Mensual en Chile.